Por Francisco Zamora
Antes de empezar, para que todos los lectores entiendan de qué se trata esta nota, transcribiré párrafos de algunos artículos de la Constitución Nacional, aunque ya es sabido que en este país, las leyes son un asunto medio nebuloso que apenas si sirve para que los pícaros, o sea casi todos los argentinos, especialmente los expertos en aplicarlas, busquen la forma de limpiarse el tuje con ellas, aunque más no sea para probar que la viveza criolla sigue tan vigente como siempre. Veamos.
Dice el artículo 14 entre otras cosas: “…todos los habitantes de la Nación tienen derecho a usar y disponer de sus propiedades…” Y el Art.17 agrega: “La propiedad es inviolable y ningún habitante puede ser privado de ella…” El 18 establece que “…los papeles privados son inviolables y sólo con una ley indicará en qué casos y con qué justificativos podrá procederse a su allanamiento…” El 31 exige que todos, gobernantes y gobernados, estamos obligados a obedecerla.
Para mayor abundancia, el capítulo segundo de la Carta Magna, que se relaciona con los derechos y garantías supuestamente incluidos para beneficio del pobrerío rasca, es decir de nosotros, sostiene en su Art.42 que “Los usuarios y consumidores de bienes y servicios tienen derecho a la protección de su salud,, seguridad e intereses económicos, a una información adecuada y veraz, a libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y justo.” En tal sentido, para asegurar que esas condiciones realmente existan, el Art.43 expresa: “Toda persona puede interponer acción expedita y rápida contra todo acto u omisión de autoridades públicas o privadas que restrinjan, lesionen o alteren con ilegalidad y arbitrariedad manifiesta, derechos y garantías consagrados por esta Constitución.
Todavía hay más sobre esto de la propiedad privada, no vayan a creer, pero entretanto se ha gastado tanta tinta para dejar aclarado que aquí nadie tiene derecho a hacer lo que le dé la gana con los bienes ajenos, los bancos hacen manganetas intolerables con el sueldo de los asalariados que cobran por cajeros automáticos, estableciendo inconsultas disposiciones restrictorias con descarada prepotencia y jodiendo la vida de todos aquellos que cobran sus haberes los 10 de cada mes, último día establecido legalmente para ello.
Los laburantes van al cajero, el banco les paga una parte y con eso generalmente no pueden saldar todas sus deudas, así que los tipos deben volver al día siguiente a retirar más efectivo, cuando las deudas vencieron y hay que pagar intereses y punitorios. Por descontado, el banco no reconoce un solo centavo por todo este lío que es pura y exclusiva responsabilidad de ellos, ni devuelve los gastos extras, incluyendo los del transporte y el tiempo perdido, ocurridos por su exclusiva responsabilidad.
Los empleados bancarios dicen que es una disposición del Banco Central por “seguridad”, pero a nadie consultaron si quieren esa “seguridad” y de qué joracas se trata. En realidad, esto de la seguridad es otro curro: los banqueros se quedan con la guita de la gente, la hacen rendir, le sacan ganancias y no le garpan un sope de interés a nadie. Aunque en cada caso esos intereses serán unas pocas monedas, hay que multiplicar esas monedas por cientos de miles de afectados para descubrir la magnitud del choreo. Además, hay que sumar las monedas correspondientes a este asunto cada mes y fijarse cuanto representa en el presupuesto anual de trabajadores que no tienen por qué alimentar esta angurria ilegal y arbitraria de los bancos.
Usted protesta y el pincherío bancario, debidamente aleccionado por sus jerifaltes, ponen cara de cancheros y dicen siempre medio de mal modo: “Es cosa del Banco Central, quejesé a ellos”. O sea de nuevo la maldita, cochina, injusta y delictiva “obediencia debida”. Pero ni ello ni los pinches agrandados y el funcionario porteño soberbio y autoritario que dispuso de prepo esta barbaridad, pueden violar impunemente la ley. Deben ir en cana porque violar la Constitución y las otras leyes es un delito. Y los delincuentes y sus cómplices de los bancos, todos los culpables de esta historia, deben estar en cana como corresponde. Y desde luego, juicio político para destituir a los magistrados que miran para otra parte mientras los banqueros ricachones agrandan sus fortunas chiroleando descaradamente los escasos suelditos de la gente que trabaja.
En realidad, aún suponiendo que esto de la “seguridad” de los pagos a lo mejor obedece a alguna razón más o menos atendible, sobre todo en un ambiente peligroso como Buenos Aires, ¿qué le costaba a los banqueros, entre tantos cientos de formularios y demás papelerío que habitualmente utilizan, incorporar una cláusula preguntándole al usuario si acepta la tal seguridad? ¿Por qué no lo hicieron? ¿Ningún asesor jurídico de los bancos advirtió que se estaban violando derechos ciudadanos? Por eso, también ellos deben ir en cana. Nadie en la Argentina puede pretextar desconocimiento de la ley para salvarse de una condena y menos aún cuando se trata de un leguleyo, sin merecer siquiera un buen patadón en el traste..
Entonces vamos a poner las cosas en su sitio: Hay que meter en el Hotel del Gallo ya mismo a los banqueros, sus asesores, los jueces distraídos, los parlamentarios que jamás leyeron alguna de las quejas de sus representados y hay que apretar la corbata de toda la ralea de cómplices hasta que se pongan morados. Pero antes, a modo de “probation”, toda la caterva debe ir a deschalar maíz hasta que junte suficiente dinero para devolver hasta el último centavo mal habido. Y por último, que en adelante se cumpla meticulosamente el Art.42: “Los usuarios tienen derecho a una información veraz, a la protección de sus intereses económicos, a la libertad de elección y a un trato equitativo y justo”. Naturalmente, sin restricciones pijoteras ni otros inventos por el estilo. Sólo así será Justicia.
Antes de empezar, para que todos los lectores entiendan de qué se trata esta nota, transcribiré párrafos de algunos artículos de la Constitución Nacional, aunque ya es sabido que en este país, las leyes son un asunto medio nebuloso que apenas si sirve para que los pícaros, o sea casi todos los argentinos, especialmente los expertos en aplicarlas, busquen la forma de limpiarse el tuje con ellas, aunque más no sea para probar que la viveza criolla sigue tan vigente como siempre. Veamos.
Dice el artículo 14 entre otras cosas: “…todos los habitantes de la Nación tienen derecho a usar y disponer de sus propiedades…” Y el Art.17 agrega: “La propiedad es inviolable y ningún habitante puede ser privado de ella…” El 18 establece que “…los papeles privados son inviolables y sólo con una ley indicará en qué casos y con qué justificativos podrá procederse a su allanamiento…” El 31 exige que todos, gobernantes y gobernados, estamos obligados a obedecerla.
Para mayor abundancia, el capítulo segundo de la Carta Magna, que se relaciona con los derechos y garantías supuestamente incluidos para beneficio del pobrerío rasca, es decir de nosotros, sostiene en su Art.42 que “Los usuarios y consumidores de bienes y servicios tienen derecho a la protección de su salud,, seguridad e intereses económicos, a una información adecuada y veraz, a libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y justo.” En tal sentido, para asegurar que esas condiciones realmente existan, el Art.43 expresa: “Toda persona puede interponer acción expedita y rápida contra todo acto u omisión de autoridades públicas o privadas que restrinjan, lesionen o alteren con ilegalidad y arbitrariedad manifiesta, derechos y garantías consagrados por esta Constitución.
Todavía hay más sobre esto de la propiedad privada, no vayan a creer, pero entretanto se ha gastado tanta tinta para dejar aclarado que aquí nadie tiene derecho a hacer lo que le dé la gana con los bienes ajenos, los bancos hacen manganetas intolerables con el sueldo de los asalariados que cobran por cajeros automáticos, estableciendo inconsultas disposiciones restrictorias con descarada prepotencia y jodiendo la vida de todos aquellos que cobran sus haberes los 10 de cada mes, último día establecido legalmente para ello.
Los laburantes van al cajero, el banco les paga una parte y con eso generalmente no pueden saldar todas sus deudas, así que los tipos deben volver al día siguiente a retirar más efectivo, cuando las deudas vencieron y hay que pagar intereses y punitorios. Por descontado, el banco no reconoce un solo centavo por todo este lío que es pura y exclusiva responsabilidad de ellos, ni devuelve los gastos extras, incluyendo los del transporte y el tiempo perdido, ocurridos por su exclusiva responsabilidad.
Los empleados bancarios dicen que es una disposición del Banco Central por “seguridad”, pero a nadie consultaron si quieren esa “seguridad” y de qué joracas se trata. En realidad, esto de la seguridad es otro curro: los banqueros se quedan con la guita de la gente, la hacen rendir, le sacan ganancias y no le garpan un sope de interés a nadie. Aunque en cada caso esos intereses serán unas pocas monedas, hay que multiplicar esas monedas por cientos de miles de afectados para descubrir la magnitud del choreo. Además, hay que sumar las monedas correspondientes a este asunto cada mes y fijarse cuanto representa en el presupuesto anual de trabajadores que no tienen por qué alimentar esta angurria ilegal y arbitraria de los bancos.
Usted protesta y el pincherío bancario, debidamente aleccionado por sus jerifaltes, ponen cara de cancheros y dicen siempre medio de mal modo: “Es cosa del Banco Central, quejesé a ellos”. O sea de nuevo la maldita, cochina, injusta y delictiva “obediencia debida”. Pero ni ello ni los pinches agrandados y el funcionario porteño soberbio y autoritario que dispuso de prepo esta barbaridad, pueden violar impunemente la ley. Deben ir en cana porque violar la Constitución y las otras leyes es un delito. Y los delincuentes y sus cómplices de los bancos, todos los culpables de esta historia, deben estar en cana como corresponde. Y desde luego, juicio político para destituir a los magistrados que miran para otra parte mientras los banqueros ricachones agrandan sus fortunas chiroleando descaradamente los escasos suelditos de la gente que trabaja.
En realidad, aún suponiendo que esto de la “seguridad” de los pagos a lo mejor obedece a alguna razón más o menos atendible, sobre todo en un ambiente peligroso como Buenos Aires, ¿qué le costaba a los banqueros, entre tantos cientos de formularios y demás papelerío que habitualmente utilizan, incorporar una cláusula preguntándole al usuario si acepta la tal seguridad? ¿Por qué no lo hicieron? ¿Ningún asesor jurídico de los bancos advirtió que se estaban violando derechos ciudadanos? Por eso, también ellos deben ir en cana. Nadie en la Argentina puede pretextar desconocimiento de la ley para salvarse de una condena y menos aún cuando se trata de un leguleyo, sin merecer siquiera un buen patadón en el traste..
Entonces vamos a poner las cosas en su sitio: Hay que meter en el Hotel del Gallo ya mismo a los banqueros, sus asesores, los jueces distraídos, los parlamentarios que jamás leyeron alguna de las quejas de sus representados y hay que apretar la corbata de toda la ralea de cómplices hasta que se pongan morados. Pero antes, a modo de “probation”, toda la caterva debe ir a deschalar maíz hasta que junte suficiente dinero para devolver hasta el último centavo mal habido. Y por último, que en adelante se cumpla meticulosamente el Art.42: “Los usuarios tienen derecho a una información veraz, a la protección de sus intereses económicos, a la libertad de elección y a un trato equitativo y justo”. Naturalmente, sin restricciones pijoteras ni otros inventos por el estilo. Sólo así será Justicia.
(Fuente: Semanario Redacción, Salta, Argentina, Febrero 2009)
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